Época: Décima Época
Registro: 2007631
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Laboral
Tesis: IV.3o.T.
J/5 (10a.)
Página: 2622
SECRETO BANCARIO. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INFORME QUE SE SOLICITE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, AL NO ENCONTRARSE SUJETA A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
Conforme al artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de
noviembre de 2012,
toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información,
cuando la autoridad laboral lo requiera. Por ello, aun cuando el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 10 de enero de
2014, tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios
de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios,
sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario,
comitente, mandante o representante legal o a quienes se les otorgue poder para
disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye
la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de
que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio
del cuentahabiente; sin embargo, la propia disposición, en su segundo párrafo, contiene como excepción a la regla, la obligación de las instituciones
de crédito de proporcionar la información relativa a las cuentas bancarias, en el
caso en que la autoridad judicial solicite dicha información por virtud de una providencia
dictada en juicio en el que el titular de la cuenta o, en su caso, el fideicomitente,
fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte
o acusado; advirtiéndose que el legislador establece como opciones, que la solicitud
se formule directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. En ese contexto, de una interpretación
armónica de los
preceptos legales mencionados, se colige que las instituciones de crédito tienen
la obligación de informar de sus operaciones o servicios cuando lo pida una autoridad judicial y, que la solicitud se pueda formular directamente a las instituciones de
crédito o, en su caso, alternativamente, a la Comisión Nacional Bancaria, por lo
que en aras de resolver con estricto apego a la verdad legal en un procedimiento
laboral, la Junta responsable está obligada a proveer lo necesario para obtener
dicha información, cuando alguna de las partes del juicio laboral se encuentre en
ese supuesto; sin que la mención que se hace en la segunda norma tocante a que la
petición la pueda hacer una de las partes "o el acusado", lleve a concluir
que sólo se aluda a los procedimientos judiciales en la materia penal, porque de
ser así, el legislador lo hubiere restringido expresamente.
TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 824/2009. Rito González Rodríguez. 2
de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretaria:
Myrna Gabriela Solís Flores.
Amparo directo 1127/2009. Juana Barrios Barrón. 3 de
marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario:
Raúl Alvarado Estrada.
Amparo directo 1062/2011. Héctor Pérez Tamez. 6 de junio
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: Raúl
Alvarado Estrada.
Amparo directo 311/2012. Jessica Flores Chapa. 29 de
agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria:
Karla Medina Armendáiz.
AMPARO DIRECTO
289/2014. 2 de
julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Rubén Baltazar Aceves. Secretaria:
Diana Elena Gutiérrez Garza.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis,
destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 66/2012 (10a.), de rubro: "PRUEBA DOCUMENTAL
VÍA INFORME EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR A LA JUNTA
QUE REQUIERA A CUALQUIER PERSONA O AUTORIDAD PARA QUE PROPORCIONE LA QUE ESTIME
NECESARIA PARA ESCLARECER LA VERDAD.", que aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página
797.
Ejecutorias
Esta tesis se publicó el
viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.